Políticas públicas en México para el sistema de protección social

Las políticas públicas en México que permitieron por primera vez brindar a la población un sistema de protección social a mediados del siglo pasado se fundamentaron en la idea de que todos en el país serían asalariados en el futuro.

Esto significa que, desde su inicio, el sistema fue estructurado de manera fragmentada, pensando que la asistencia social sería un mecanismo temporal ya que a la larga todas las personas estarían cubiertas por un seguro ofrecido como prestación laboral, lo que no ha sucedido y por lo que se han buscado otros mecanismos que permitan hacer efectiva la protección social a la población.

Protección social: un concepto integral

Hablar de protección social es hablar del impulso al bienestar de la sociedad en términos de salud e ingreso a través de diversos mecanismos que les permitan afrontar situaciones que pongan en riesgo su calidad de vida. Las condiciones actuales del sistema –fragmentación, heterogeneidad en los servicios, administración inadecuada, bajo presupuesto– inciden en la persistencia de la desigualdad de oportunidades y la baja movilidad social.

Un rediseño de las políticas públicas en México en torno a las reformas hacendarias permitiría establecer las bases para la universalización de la protección social y apoyar así a la erradicación de la pobreza por medio de programas adecuadamente financiados. Esto requeriría de un incremento al gasto público para alcanzar un mínimo del 5% del producto interno bruto y el establecimiento de políticas de cero reducción al presupuesto, junto con una reestructuración de la financiación de los paquetes de seguridad social para que el gasto sea más progresivo, en donde por lo menos el paquete básico de atención a la salud sea cubierto por impuestos generales.

Para ello se debe considerar la igualdad de oportunidades como la base de las políticas sociales del Estado: una nivelación de las condiciones para impulsar el desarrollo de las competencias de los individuos y lograr que el mérito sea recompensado de manera justa y equitativa. Así se podrá regular la prestación de los servicios de manera que las instituciones privadas participen en un esquema equitativo y eficiente de protección universal.

Los problemas generados por la informalidad han sido solucionados parcialmente gracias a la implementación del Seguro Popular, pero las diferencias que este aún tiene en la oferta de atención comparado con los sistemas como el IMSS o el ISSSTE siguen perpetuando una desigualdad de oportunidades que afecta negativamente a la movilidad social, lo que refleja la necesidad de unificar los sistemas y no solamente de universalizar la protección, como se explica con mayor detalle en el libro El México del 2018: Movilidad Social para el bienestar.

Las recomendaciones del CEEY en materia de políticas públicas en México representan un esfuerzo conjunto para promover el desarrollo y la movilidad social en México, con un objetivo: la prosperidad de nuestro país.