El señalamiento de que funcionarios de la Ciudad de México difundieron información falsa, que dio un aura de rigor a acciones de salud del gobierno capitalino, y con un evidente conflicto de interés, ha puesto en la mira una de las más cuestionables políticas públicas locales: el reparto masivo de medicamentos no pensados para atender COVID-19, pero planteados como un posible tratamiento para la enfermedad, entre 2020 y 2022.

El índice de confianza del consumidor presentó a finales de 2021 niveles no vistos desde antes de la pandemia, lo que corresponde a una renovada esperanza de los hogares de mejora en 2022.

Los programas sociales de la presente administración no han corregido significativamente la pobreza y han aumentado la desigualdad, pero ¿Qué ha ocurrido con estos asuntos más allá de las transferencias gubernamentales de ingreso?

Contar historias es más sencillo que analizar datos. Hablar de una clase media nebulosa y con pretensiones de supremacía moral es una forma fácil de pasar por alto realidades incómodas.

El fin de la pandemia de COVID 19 se acerca. Es posible que para la tercera semana de noviembre se alcance menos del 5% del máximo número de número de infectados activos, lo que en la práctica define el control epidémico.

Ante la contrarreforma eléctrica, no han faltado propuestas de examinar el replanteamiento del sector desde la perspectiva del derecho social a la energía. Aunque la electricidad es un medio para alcanzar cierta calidad de vida, más que un fin en si mismo, es de gran pertinencia este enfoque y conduce a tomar con seriedad la provisión eficiente del fluído, cuestión que demanda competencia efectiva en la generación de electricidad.

El Tercer Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México describe dieciocho premios que han sido otorgados a la capital, pero omite mencionar que, entre 2018 y 2020, la pobreza de la metropoli se incrementó 9.2%, de tal forma que más de tres millones de sus habitantes se encontraron en esa condición, casi uno de cada tres, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En 2018, el 38% del presupuesto de los programas sociales era considerado como relevante para el combate a la pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Para 2021, se anticipa que esta cifra aumentará a 46% en 2021.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sin las transferencias monetarias gubernamentales habría habido varios millones de personas pobres más el año pasado.